Por: Juan Espinal
El Fracking es una herramienta para extraer gas y petróleo de manera no convencional, técnica que se viene analizando y debatiendo en la agenda pública del país desde el año 2012, momento en el que el expresidente Juan Manuel Santos dio el primer paso, conformando la Comisión de Expertos para darle inicio a una ruta técnica, buscando insumos científicos que permitieran caminar hacia una decisión de Estado de hacer o no Fracking en Colombia.
Posteriormente el Gobierno del Presidente Iván Duque, constituye la segunda Comisión de Expertos, que entregó insumos técnicos y científicos con claras recomendaciones para realizar los PPIC- Proyectos Pilotos de Investigación Científica -Fracking, con la única finalidad de lograr, a través de la ciencia, determinar el nivel del riesgo que podría existir o no en materia de salud y ambiental si utilizáramos esta herramienta.
“Colombia sin Fracking”, es la propuesta del Gobierno del “cambio”, liderado por el Presidente Petro. Actualmente cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que prohibiría esta técnica en el país; iniciativa que carece de un estudio profundo y responsable y que obedece a una promesa de campaña, como muchas que hizo el Presidente, de manera ligera e irresponsable.
Devolviendo la película algunos años, la opinión pública, académicos y ambientalistas se tornaban anti- Fracking, afortunadamente la sensatez que despertó la guerra entre Rusia- Ucrania y la pandemia, obligaron a darle un giro drástico a la agenda global de cambio climático y a la Transición Energética, poniendo en el centro de la discusión la seguridad energética como elemento fundamental de cada Estado y evitando la dependencia energética.
Hoy vivimos un riesgo inminente de convertirnos en un país dependiente, en lo que va del año han sido tres las salidas en falso del Gobierno frente a las reservas probadas de gas y petróleo, el último informe arrojó que solo tendríamos abastecimiento de petróleo y gas hasta por 7.2 y 7.5 años, respectivamente, y que posiblemente a partir del 2026 y 2028 tendremos que importar hidrocarburos al país.
Actualmente en Colombia el Gas Natural se ha convertido en una de las energías fundamentales para la vida de los colombianos, 11 millones de hogares consumen gas natural, equivalente a 37 millones de ciudadanos, de los cuales el 67% son de estratos bajos; en el año 2000 el gas natural significaba el 24% del suministro total de energía en la región y para el 2020 aumentó al 31%. El crecimiento de producción fue de manera exponencial en países como, México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú. Un caso de éxito es el de Argentina, que mediante la herramienta del Fracking, lograron aumentar en un 173% las reservas probadas de Gas, solo en la región vaca muerta.
El Gas tiene un potencial de sustituir la energía hidroeléctrica para el año 2030, oportunidad para la región, según el análisis de Naciones Unidas. Además, de la oportunidad que tiene para combatir el desequilibrio social, la pobreza y la desigualdad, los retos económicos más críticos para América Latina, pues con 650 millones de habitantes, 195 millones viven en la pobreza y 85 millones en la pobreza extrema.
Sería el extremismo ideológico de izquierda el que nos llevaría al fracaso como país; el aumento del combustible es un ejemplo claro, solo basta con analizar la situación económica que enfrenta el sector de los taxistas, con el aumento desmedido de la gasolina. De diciembre a agosto del 2023 llevamos un alza del 38%, es decir, $3.843 adicional en el precio de la gasolina por galón, esto significa para los conductores de transporte público individual de pasajeros un sobrecosto de $19.215 pesos diarios de más, basado en que un taxi consume cinco galones en promedio por día, llegando a un desfase por mes de $499.590. Además de la preocupación que para el 31 de diciembre de 2023, la proyección indica un alza del 62%, es decir, un sobrecosto de $31.215 pesos diarios, que en el mes estaría representado en $811.590.
Colombia sin Fracking, por una decisión errónea en el Congreso de la República, sería condenar al país a la dependencia energética, negarnos a aumentar nuestras reservas probadas hasta por 25 años, perder la oportunidad de generar 120 mil empleos y de tener más de 25 millones de dólares de ingresos para el país.